Una dura derrota política sufrió anoche el intendente Javier Dieminger en el Concejo Deliberante de La Falda, en una jornada que quedará marcada como histórica para la defensa de la soberanía y la tierra en la ciudad. En la sesión del 5 de agosto, el cuerpo deliberativo aprobó por 7 votos a favor y 1 en contra una resolución que expresa el rechazo a la modificación de la llamada ley de tierras. Pero el revés para el oficialismo municipal fue doble: por sugerencia de un concejal, se incorporó también el rechazo a la modificación de la ley de fuego, que impide especular con tierras que hayan sido afectadas por incendios.

Dieminger, que fue uno de los primeros intendentes de la provincia en posicionarse abiertamente a favor de las políticas de Javier Milei, quedó políticamente aislado. Ni siquiera sus propios concejales –con la excepción de uno solo– pudieron frenar la jugada política que impulsaron diversos sectores de la oposición local, encabezados por la Mesa de Derechos Humanos. La votación evidenció un contundente rechazo transversal a las políticas nacionales de desregulación y extranjerización de la tierra, y dejó al jefe comunal sin herramientas para contener un debate que rápidamente se le escapó de las manos.

En la misma sesión, además, ingresó oficialmente la ordenanza para declarar como reserva natural la zona del Parque Puma, un proyecto que ahora comenzará su tratamiento en comisiones y que suma un nuevo capítulo a la agenda ambiental y soberana de la ciudad.

La Falda se moviliza: soberanía se defiende en la calle

Pese al retroceso impulsado desde el Ejecutivo nacional, que pretende quitar el capítulo de tierras, en todo el país, la marcha federal se mantiene y La Falda se suma con fuerza a esa iniciativa. Por ello, espacios como la Mesa de Derechos Humanos, el Ceprofa, el Centro Cultural y de Estudios David Corradi (perteneciente al espacio político Mejor La Falda), junto a otras organizaciones que convocaron, se concentrarán este jueves a las 19:30 en el Escenario Céntrico para manifestar que la soberanía no se negocia ni en el Congreso ni en los territorios.

La movilización no solo tendrá un tono de rechazo a las políticas nacionales –que, tal como advierte el Observatorio de Tierras del PRIHA (FCE-UBA), esconden una "ley de extranjerización" que debilita al Estado y abre la puerta a la concentración de tierras y recursos en manos de grandes capitales extranjeros–, sino que también se leerá en clave local como un mensaje con claro contenido electoral. Con esta derrota en el Concejo, el respaldo a Milei en La Falda comienza a resquebrajarse, y la defensa de la tierra, el agua y el ambiente se consolidan como ejes centrales de la agenda política de cara a los próximos comicios.

El contexto nacional que preocupa

Esta iniciativa del Ejecutivo nacional no es un hecho aislado. Se inscribe en un paquete de medidas que, en su conjunto, vacían la soberanía territorial: la derogación de la Ley de Emergencia de los territorios indígenas (26.160), las modificaciones a la Ley de Glaciares y el RIGI. Todas estas acciones apuntan a facilitar la apropiación y concentración de nuestros recursos comunes por parte de grandes capitales, en detrimento de las poblaciones locales y el interés general.

Puntos críticos del proyecto de ley de tierras:

Cambio de paradigma: desplaza la noción de la propiedad como un derecho con función social y ambiental para convertirla en un derecho casi absoluto.

Desregulación total: elimina el tope del 15% del territorio nacional para extranjeros, el límite por nacionalidad y la extensión máxima por titular, dejando fuera solo a Estados extranjeros pero habilitando a fondos de inversión y corporaciones.

Debilitamiento institucional: suprime el Consejo Interministerial de Tierras Rurales y las obligaciones de información de actores extranjeros.

Afectación de bienes comunes: elimina restricciones sobre tierras con acceso a cuerpos de agua, poniendo en riesgo el derecho al agua, el turismo y el esparcimiento.

La aprobación de esta ley profundizaría la extranjerización de la tierra, incrementaría los precios en zonas estratégicas, dificultaría el acceso a la tierra para productores y comunidades locales, y agravaría la conflictividad social. Por eso, desde La Falda se exige al Senado Nacional el rechazo de este proyecto, que no es una ley de protección sino "un nuevo estatuto legal del coloniaje".

El encuentro es a las 19:30 en el Escenario Céntrico. La soberanía se defiende. La Falda dice presente.