En la ciudad de La Falda se llevó a cabo una nueva reunión de la Mesa de Articulación y Cooperación Técnica entre el Estado, el Poder Judicial y las organizaciones sociales, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y optimizar las respuestas a las demandas de la comunidad.

El encuentro contó con la participación de la Directora de Gabinete Interministerial de Políticas de Género, Libia Smania, en representación del Estado; la Fiscal de Instrucción del Primer Turno, Paula Kelm, y la Fiscal Silvana Pen, recientemente designada a la Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple de Segundo Turno, en representación del Poder Judicial; el Jefe de la Departamental Punilla Norte, Walter Frías,  el Jefe de Inspección Zona 1, Crío. Fernando Ordoñez.

y la Presidenta del CEPROFA, Karina Lucero, en representación de las organizaciones sociales.

En un contexto en el que la violencia de género y las desigualdades estructurales continúan representando una problemática creciente que afecta a mujeres, familias y personas de la comunidad LGBTIQ+, la Mesa de Articulación tiene como propósito central promover la incorporación transversal de la perspectiva de género en las políticas públicas y en los procesos de toma de decisiones.

En este marco, Libia Smania destacó: “Es fundamental consolidar instancias de trabajo articulado que permitan brindar respuestas eficaces a las necesidades de la sociedad. La cooperación entre el Estado, la Justicia y las organizaciones sociales resulta indispensable para avanzar en la garantía de derechos y en la construcción de una sociedad más equitativa”.

las representantes del Ministerio Público Fiscal también subrayaron la relevancia de consolidar estos espacios de articulación a nivel departamental, destacando su valor  estratégico para abordar de manera integral la violencia de género y promover la igualdad de derechos.

Asimismo, se anunció la implementación inmediata de un proceso de fortalecimiento de capacidades en perspectiva de género destinado a funcionarios del Estado, integrantes del Poder Judicial y referentes de organizaciones sociales. Esta iniciativa tiene como finalidad optimizar la calidad, el alcance y el impacto de las políticas públicas en la materia.