Resuelven Habeas Corpus a favor de los ambientalistas de Punilla y exhortan al poder político a generar protocolo de actuación policial


A través del AUTO NÚMERO: 229, la Jueza María Celeste Ferreyra, en los autos caratulados “Rocío Loza, habeas corpus” (Expte. n.° 11120830), tramitados por ante este Juzgado de Control y Faltas n.° 9, de turno a la fecha de su presentación”.

Haciendo consignar que con fecha 28 de julio del 2022 “… Eugenia Yanina Scarpinello MP 1-41479, Rocío Loza MP 1-40606, Lucas Cocha MP 1-38177 y Juan Carlos Smith MP 1-36939, en representación de defensores ambientales, vecinos locales, comunidades de pueblos originarios de los Valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas de esta provincia de Córdoba, como así también del territorio de la comunidad indígena de Pluma Blanca.

Aducen los accionantes que la presentación se realiza con el fin de que se resguarde la libertad ambulatoria, la seguridad e integridad física de las personas representadas, derechos que han sido violentados por las intimidaciones, detenciones ilegales y arbitrarias, represión, trato degradante, desapariciones transitorias de personas, entre otras prácticas llevadas a cabo por la fuerza policial. Solicitan se libren oficios a las fiscalías, unidades judiciales y comisarías de las zonas comprometidas para que informen sobre las actuaciones practicadas en contra de los beneficiarios del presente”.

Agrega que con fecha 1 de agosto “…los mismos firmantes remitieron electrónicamente ampliación del habeas corpus presentado días antes. En prieta síntesis, refieren que ante la crítica situación medioambiental que atraviesa la provincia, los vecinos y defensores ambientales han formulado los más diversos reclamos, los que han sido tratados con insensibilidad por parte del Poder Ejecutivo Provincial, Municipal y Comunal, y de igual manera por el Poder Judicial. Esta indiferencia institucional se suma a la persecución policial, sometimiento a procesos penales, imputaciones por parte de fiscales, y al maltrato o destrato propinado por funcionarios provinciales, municipales y comunales, e incluso por el poder judicial, todo lo cual desemboca en el padecimiento de los ciudadanos afectados en sentirse víctimas de esta violencia institucional”.

Asimismo, informa que con fecha 18 de agosto de 2022 “… la abogada Rocío Loza Serra, invocando la representación de los defensores ambientales, pobladores locales y abogados defensores de los Valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas, realiza presentación “Amplía habeas corpus colectivo y preventivo”, a través de la cual pone en conocimiento de este tribunal que con fecha sábado 13 de agosto, mientras diversas organizaciones ambientales y habitantes de la zona se manifestaban en la plaza principal de Cosquín, y al encontrarse el intendente Gabriel Musso en el lugar, se dirigieron los reclamos hacia él. En ese contexto, se hicieron presentes numerosos efectivos policiales que comenzaron a reprimir a los manifestantes. Luego de esto, refiere la abogada que comenzaron a desplegarse persecuciones policiales e ideológicas hacia integrantes de asambleas y organizaciones, amedrentamientos policiales, etc. En este mismo escrito, se nomina cada uno de los manifestantes que fueron imputados por aquellos episodios y se reitera lo peticionado en los anteriores escritos”.

Tras considerar la “procedencia de la acción”, la Jueza Ferreyra resolvió: 1. Exhortar a la Policía de la Provincia de Córdoba para que se abstenga de realizar medidas que impliquen limitaciones o amenazas a la libertad ambulatoria del colectivo conformado por los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, comunidades de pueblos originarios, pobladores de las localidades afectadas y abogados defensores de los Valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas, que se manifiesten pacíficamente en favor del medioambiente, siempre que no exista una orden judicial que así lo disponga o se verifique alguno de los supuestos taxativamente previstos en el CPP.

2. Exhortar a la Sra. Jefa de la Policía de la Provincia de Córdoba para que haga conocer a todo el personal de la Policía de la Provincia de Córdoba que en el ejercicio de las facultades que se correspondan con la ley de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba y con el Protocolo de actuación policial para el uso legal y racional de la fuerza en la Provincia de Córdoba, la privación de la libertad sólo procede con carácter excepcional y cuando resulte absolutamente necesaria; que las razones que la determinan deberán constar expresamente y que particularmente deberán tener presentes las consideraciones hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Torres Millacura y otros vs. Argentina” (sentencia del 26 de agosto de 2011), y las disposiciones plasmadas en el Acuerdo de Escazú (ley 27.566).

3. Recomendar al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, para que a través del Ministerio de Seguridad elabore un protocolo destinado específicamente a regular las prácticas y criterios de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales que tengan por fin proclamar o defender derechos reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados Internaciones, entre ellos los derechos ambientales reconocidos por el Acuerdo de Escazú (ley 27.566).

4. Encomendar a la Sra. Jefa de la Policía de la Provincia de Córdoba que el personal superior de la fuerza policial se interiorice del contenido de la presente resolución.

5. Remitir copia de la presente al Tribunal Superior de Justicia, al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, al Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, a la Sra. Jefa de la Policía de la Provincia de Córdoba y a la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial de Córdoba. SE PROTOCOLIZA, NOTIFICA Y ARCHIVA”.