Concejo Deliberante de La Falda

Rechazaron el recurso interpuesto por el propietario del bien considerado patrimonio histórico cultural


Como se recordará, el Concejo Deliberante de La Falda, por Resolución 003/2022 del 6 de abril del año en curso, no hizo lugar a la petición de la empresa TENOVA SAS, representada por el Sr. Marcelo Picardi, al Pedido de Excepción para la construcción de un tercer piso en el predio ubicado en Av. Edén 1003 – 1011 encuadrándolo en el régimen establecido en el Código de Edificación en vigencia para esa zona, como tampoco hizo lugar al pedido de demolición del edificio instalado en esa dirección por el mismo encontrarse bajo protección por considerárselo patrimonio histórico cultural.

Tal Resolución fue recurrida a través de un Recurso de Reconsideración interpuesto por el propietario del bien en cuestión, Jorge Constantino Bertopaulos, en el que solicitaba “se revoque la resolución impugnada, declarando su nulidad, por cuanto entiende que ha sido dispuesta por una autoridad incompetente en violación del principio de legalidad y con una carencia absoluta de debida fundamentación”.

Asimismo, el instrumento señala que “el Sr. Bertopaulos, se agravia por entender que la Resolución N° 003/2022 ha sido dictada por un órgano –Concejo Deliberante- incompetente. Sostiene que dicha atribución/competencia ha sido expresamente otorgada al Poder Ejecutivo Municipal conforme el artículo 75 inc. 25, 26, 28 de la Carta Orgánica Municipal (COM) de la Ciudad de La Falda. Por otra parte, esgrime que la Resolución impugnada es nula de nulidad absoluta en tanto ha sido dictada en franca contradicción con el Código de Edificación y Urbanización (Ordenanza 3359/2020) como así también, por invocar normativa derogada conforme el Art. 12 del mismo código edilicio”.

Adentrado en el tratamiento de los cuestionamientos efectuados, el órgano legislativo apunta que “… se desprende con absoluta claridad que la Resolución Nº 003/2022 emanada del Concejo Deliberante es un acto producido en ejercicio de la función legislativa y no como interpreta el Sr. Bertopaulos que es un acto administrativo que puede ser atacado por los mecanismos previstos en la Ordenanza de Procedimiento Administrativo Nº 1149 como es el caso del recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio”. Luego de establecer precedentes jurídicos, concluye que “… en el caso podemos decir que la naturaleza jurídica de la Resolución 003/2022 es por concepto actos normativos de sustancia legislativa”.

Define a continuación que “el Concejo Deliberante debate la cuestión en virtud de que el Poder Ejecutivo Municipal eleva el asunto a su consideración, ya que el único con competencia atribuida para sancionar, modificar o excepcionar una norma general, abstracta y de cumplimiento obligatorio es justamente el Concejo Deliberante. Y habiendo sido este órgano deliberativo el que sancionó oportunamente la Ordenanza Nº 2534/12 y sus prórrogas, resulta ser el único con la atribución delimitada por el ordenamiento jurídico para aceptar o no excepciones a la noma, sea para el primer caso mediante la sanción de una ordenanza específica, caso similar al ocurrido con la Ordenanza Nº 3022/2017 o en el segundo caso rechazar la posibilidad de reformar, modificar o proceder a la excepción haciéndolo a través de una Resolución conforme lo precisa el Art. 80 in fine del Reglamento Interno del Concejo Deliberante”.

Sumando que “… habiéndose precisado solventemente que la mencionada Resolución 003/2022 no es producto de la función administrativa sino legislativa del Concejo Deliberante, el medio impugnativo empleado, recurso de reconsideración articulado por el Sr. Bertopaulos, resulta evidentemente improcedente. Respecto al recurso jerárquico en subsidio más allá de ser improcedente por la naturaleza jurídica del acto, resultaría inviable a todas luces puesto que no existe autoridad superior al Concejo Deliberante en pleno, en el ordenamiento institucional de la Municipalidad de la Ciudad de La Falda”.

Con posterioridad, fundamenta que “… respecto a lo esgrimido por Sr. Bertopaulos en cuanto considera que la Ordenanza 2554/2012 se encuentra expresamente derogada por el Código de Edificación y Urbanismo, el que expresamente en su Art. 12 deroga toda norma que se oponga a la misma, debemos decir que el mismo código no alcanza a la demolición de bienes que contengan un valor histórico y arquitectónico especial, sino a aquellos bienes en general. Por lo que, no se da la incompatibilidad que menciona el impugnante atento que la Ordenanza 2554/12 determina un régimen particular para las edificaciones con un valor histórico y cultural especial mientras que el Código de Edificación prescribe un régimen general aplicable al resto de las edificaciones.

QUE, entenderlo de otra manera, llevaría a desconocer no sólo los principios generales del derecho en cuanto a la aplicación de la ley sino también, pasar por alto la intención del legislador estatuyente plasmada en el Art 30 de la COM en cuanto promueve la recuperación y conservación de aquellos bienes que tienen un valor histórico y/o cultural a los fines de preservar el patrimonio y la identidad de la ciudad”.

Tras lo cual, resuelve “… recházase el Recurso de Reconsideración y jerárquico en subsidio interpuesto por por el Sr. Jorge Constantino Bertopaulos en contra de la Resolución Nº 003/2022 emanada del Concejo Deliberante por resultar improcedente en base de la naturaleza jurídica del acto impugnado y en consecuencia de la inaplicabilidad del procedimiento administrativo establecido en la Ordenanza Nº 1149”.

La Resolución fue aprobada por el Cuerpo en pleno y se trató sobre tablas para ser notificada en tiempo y forma.

Proyecto Resolución completo


Recurso de Reconsideración completo

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