Debate sobre la preservación del Patrimonio Histórico faldense

Protagonistas necesarios e imprescindibles


El debate por la preservación de una casona, con más de 50 años de antigüedad, incluida dentro de una ordenanza que suspende las demoliciones de esos edificios, que fueran considerados como patrimonio histórico, ha suscitado una más que interesante participación ciudadana, algo no muy frecuente en el accionar ciudadano faldense.

Es así que se observa la toma de posición de diversas instituciones vecinales e incluso alguna de tipo político direccionadas a que quienes tienen que analizar y evaluar la cuestión las tengan en cuenta a la hora de las decisiones.

Es entonces, que se señalan como participes a la Junta de Historia, al Consejo de la Ciudad, a la Defensoría del Vecino. Por cierto que el Defensor del Vecino ha emitido sugerencia al respecto; que el Consejo de la Ciudad se ocupa del tema y podrá emitir sus convicciones; la Junta de Historia se encuentra en etapa de reestructuración y por ende su concurso está dificultado; pero, en realidad, si bien puede considerárselos protagonistas necesarios, hay que admitir que sus opiniones no son vinculantes, que pueden o no ser consideradas.

Los protagonistas imprescindibles son, en primer término, el Concejo Deliberante que es al que están dirigidos los pedidos de excepción, por la demolición del edificio, suspendida por la ordenanza vigente, y por la solicitud de permitir la construcción de un piso más, lo que está impedido, para esa zona, por el Código de Edificación. En el cuerpo legislativo recae esa decisión, la que aun tiene que superar un filtro más, el del Poder Ejecutivo, que es el segundo protagonista imprescindible, porque en su determinación estará el de promulgar la excepción, si esta fuese otorgada, dándole valor de legislación a cumplir o de vetarla y en consecuencia desestimarla como norma a cumplimentar.

Dicho esto, lo que queda por dirimir es si los protagonistas imprescindibles tienen las condiciones y elementos necesarios para enfrentar un problema del que emergen un sinnúmero de variables a considerar, todas ellas con impacto social. Por exponer solo algunas, relacionadas con la identidad, en lo relativo a la comunidad y a la ciudad; al ambiente, en lo concerniente a la provisión de servicios esenciales o urbanización; las atinentes a los derechos colectivos equiparados o enfrentados con los de propiedad privada; en donde todo indica se requiere de una visión imparcial y especializada compuesta por historiadores, sociólogos, ambientalistas, urbanistas, profesionales en leyes. En síntesis, con la intención de hacerlo bien, un equipo interdisciplinario en el que habrá que invertir recursos económicos y tiempo, porque el estudio y la conciliación de tan diversas materias no se logrará de un día para otro. Caso contrario, buscar el sentimiento y opinión ciudadana a través de Consulta Popular, la que también tiene costos y exige de tiempo.

Claro está que la “visión de futuro” con alcance a lo histórico, incluyendo, diría, lo identitario, estuvo en la promulgación de la Ordenanza 2534 de 2012, de aquel tiempo a esta parte nada se hizo al respecto y el problema emerge ahora, qué pasó con aquellos “visionarios” que no concluyeron con su ideario, qué se los impidió o, en su defecto, por qué quienes debieron proseguir con esa tarea no lo hicieron, son respuestas que no se tienen, y responsabilidades que comienzan a ser juzgadas, vaya lo paradójico, por el histórico presente.

Lo concreto es que hay que ocuparse del tema y darle certidumbre jurídica, para evitar que nadie se piense perjudicado a futuro.

No puedo cerrar este comentario sin mencionar, porque no está en mi espíritu subestimar la capacidad intelectual de los lectores, que esta instancia trae aparejada consigo un costo político, será interesante, también, ver cómo se evade.

Nicolás Heredia