Procesan a seis defensores ambientales de Punilla

Convocatoria a la Audiencia Oral de Apelacion en la Cámara del Crimen de Villa Dolores, el proximo 29 de julio a las 12 hs.

Por Juan Yacobs*

Las protestas por la construcción de la Autovía de Punilla (O “Mejoramiento de la conexión Córdoba – Patquía” – “Corredor Bioceánico Central (CBC) Coquimbo – Porto Alegre”) comenzaron con su mismo anuncio en el año 2016, cuando el gobierno de Schiaretti solo hablaba de construir un puente en el lago San Roque, con la falta de un Estudio de Impacto Ambiental acumulativo. Ley Nº 25.675, art. 4, y la falta de precautoriedad judicial ante las distintas presentaciones judiciales, dieron lugar a las masivas protestas que se extienden hasta el próximo lunes 29 de julio en la ciudad transerrana de Villa Dolores. Desde que la disuasión ejercida por las distintas brigadas de la policía (montada, rural, etc.), pasó a la represión y a la imputación penal, todo ello a cargo de las autoridades judiciales de la zona.

Desde el 25 de enero de 2023 al presente, han tomado estado público las elevaciones a juicio de 6 de los 18 Defensores Ambientales imputados por acciones de protesta en torno a la construcción de la Autovía de Punilla. Tres de esos dieciocho imputados son miembros de la Comisión Directiva de la CTA-A de la Regional Punilla: Dos periodistas y un comunero indígena de la localidad de San Esteban. Comunidad Indígena Isqon Killa – 9 Nueve Lunas, del Pueblo Nación Kamiare. Junto a tres defensores ambientales más, una de ellas delegada de ATE Córdoba en el Hospital Colonia Santa María.

Cabe mencionar sintéticamente que la obra de “Mejoramiento de la conexión Córdoba – Patquía” – “Corredor Bioceánico Central (CBC) Coquimbo – Porto Alegre” es un proyecto de infraestructura cuya construcción se encuentra judicializada, habiéndose presentado un Amparo ante la administración de justicia de Córdoba en el año 2017: Causa: “ISLYMA y otros c/Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y otro – Amparo”. Dicho Amparo a la fecha no ha logrado detener el avance de la obra sobre Comunidades Indígenas y sus territorios, patrimonio arqueológico y paleontológico, cuencas hídricas y reservas, localidades y barrios. Habiéndose presentado también el pedido de medidas cautelares y denuncias penales en la administración de justicia federal y la administración de justicia provincial, ambas a la fecha sin efectos. A ello se ha sumado la impunidad de la entidad financiadora CAF-BID, que en sus estatutos tienen salvaguardas para mujeres, niños, comunidades Indígenas y cambio climático, a pesar de lo cual no respondió a las solicitudes realizadas al respecto. También gozan de impunidad las tres empresas constructoras a cargo de distintos trayectos de la obra, negándose a presentar los permisos de obra, prospecciones y detonaciones a los vecinos. Por su parte, el gobierno provincial y los municipios no han generado mecanismos de participación, más que las ordenanzas locales de cambio de uso del suelo que fueron aprobadas sin participación de los vecinos donde tampoco han generado mecanismos de recepción de los reclamos de la ciudadanía. 

En lo que respecta a la fiscalía de instrucción, cabe señalar que por hechos judiciales graves, como la investigación y el juicio de un femicidio (Cecilia Basaldúa) y un caso de violencia institucional (Jonathan Romo), Paula Kelm se encuentra cuestionada por la ciudadanía. A lo que se agrega el juez Ramiro Nuñez quien negó el servicio de justicia, al Habeas Corpus presentado por los Defensores Ambientales, en dos oportunidades la noche previa al desalojo violento perpetrado por la policía en la cuesta de Matacaballos, paraje Molinari. Dicho suceso donde la policía de Córdoba a cargo del Crio. Rodolfo Ayala, arremetió contra una docena de acampantes a las 3:40 de la madrugada. El 10 de mayo del año 2022.

Cabe mencionar que durante el año 2022 hubo varios episodios de represión de la protesta ambiental. Ante ello las movilizaciones se dirigieron al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba y a la Fiscalía General. De dicha movilización deviene un fallo de la Jueza Ferreyra del Juzgado de Control y Faltas N° 9, en agosto de 2022, que concedió un Habeas Corpus preventivo y Colectivo, (por Expediente N° 11120830 del Poder Judicial de Córdoba). A pesar de ello, ni el Ministro de Seguridad ni la Jefa de la Policía de la Provincia avanzaron en la aplicación del Acuerdo de Escazú como mandaba el fallo.

En este contexto, como mencionáramos, en enero del año 2023 comenzaron las elevaciones a juicio. Este hecho hasta el momento inédito en la movilización y protesta ambiental de la provincia de Córdoba. Hasta el momento, tanto las acciones de las fuerzas represivas como las de defensores no llegaban nunca a ser investigadas, ni sobreseídas, ni elevadas a juicio.

El hecho que da lugar al procesamiento de seis defensores ambientales del Valle de Punilla, se da lugar el día 13 de agosto del año 2022, cuando el Intendente de la ciudad de Cosquín, Gabriel Musso, junto a otros funcionarios, fue increpado por más de doscientos vecinos que se encontraban en una asamblea en la plaza san Martín. Exigiéndoles estos a Gabriel Musso, que dé cuenta de su actuación frente a la construcción de la Autovía de Punilla. Fundamentalmente cuestionaban la falta de participación en la resolución de cambio de uso del suelo en el municipio, cuestión que facilitó la realización de la obra, alterando no sólo el avance sobre territorio indígena, con patrimonio arqueológicos/sitios sagrados, sino también bosque y especialmente una Reserva natural municipal. Cabe señalar que el Intendente en ningún momento respondió como funcionario público a la interpelación que se le realizaba.