No se puede gobernar con odio, insensibilidad y mentira

Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe*

Un Estado Nacional es una forma de organización política que se caracteriza por tener una población con historia común, un territorio y un poder que gobierna. Pero el poder, debe estar subordinado al pueblo que es el eje y razón de ser de la Nación. 

Sin embargo, a dicho Estado que ha jurado defender, fundamentalmente a su pueblo, el presidente Javier Milei lo define como una “organización criminal”. Y él, como jefe de dicha organización, sabe delinquir echándole la culpa al Estado. Ha dicho que “la inflación es un delito”, aún más, ha agregado, que "la inflación es una estafa monetaria y moral, un robo al esfuerzo".

Jubilaciones víctimas del jefe de la mafia

Con la lógica de no aceptar la distorsión monetaria que trae la inflación, a los llamados acreedores externos que les garantiza el pago conforme a valores actualizados, no obstante, muchas de esas supuestas deudas son ilegítimas, ilegales, usurarias, odiosas y/o írritas, que no se las impugna, pero esa propiedad se la considera inviolable.

Más se olvida el presidente que las jubilaciones son acreencias de los jubilados, ya que se corresponden con un dinero ya aportado, con esfuerzo, oportunamente, a través de los años, también es su propiedad inviolable. Ellos son gigantes, mujeres y hombres, sobre cuyos hombros se ha edificado la Nación. Sin embargo, no se respeta la deuda legítima que se tiene con ellas/os y se les “roba el esfuerzo”, porque se les actualiza la deuda por debajo de la inflación real.

A su vez, Milei, a esas deudas de jubilaciones miente echándoles la culpa del déficit fiscal y según él, como jefe “del estado mafioso”, delinque a conciencia, conforme a sus propias palabras, estafándolos “monetaria y moralmente”. Hay que recordar que una jubilación no es un subsidio.

Tampoco Milei dice nada respecto a lo que bien afirma el experto en Deuda Pública y Externa, el Lic. Héctor Giuliano sostiene que, “en lo que va de los 7 meses según los datos oficiales, el gobierno licuó el gasto público a costa de los jubilados, parar la obra pública, bajar salarios reales y los planes sociales y obtuvo un superávit primario de 8 billones de pesos ($ 8.000.000.000.000), de eso utilizo 6 billones ($ 6.000.000.000.000) para pagar intereses de la deuda y los 2 billones ($ 2.000.000.000.000) restantes trata de convertirlos en dólares para depositarlos anticipadamente en New York, a los efectos de garantizar el pago de 1.500 millones de dólares de intereses a los fondos buitres en enero de 2025”. O sea, Giuliano agregó que, “desde que asumió Milei hasta ahora, la inflación acumulada es de 130%, y esto no se reflejó en salarios y jubilaciones y la principal variable de ajuste fueron los jubilados. De esta manera el gobierno produce inflación y recesión, que se denomina estanflación”.

A los supuestos acreedores externos se les paga con actualización monetaria. Aun más, se les adelanta y garantiza los pagos actualizados en dólares para el futuro. Mientras que a los jubilados se les retacean sus créditos y para dolor de la democracia, se considera héroes a los 87 legisladores que avalaron el veto presidencial, para no reconocer a los jubilados, mínimamente, lo que les corresponde.

Mientras que, en la ley “Bases” 27.742, aprobada por el Congreso de la Nación, a los empleadores que tuvieron informalmente, o sea en negro, a sus empleados, se les condona el 70 % de sus deudas para con el sistema previsional, (art. 77) que, de esa manera, se lo desfinancia, para luego decir “no hay plata”.

La educación atacada

Mile ha dicho, mentirosamente, que su prioridad es la educación primaria, sin embargo, ilegalmente, no pagó el Fondo de Incentivo Docente (FONID).

Javier Milei el 27/12/23, dictó el Decreto Nº 88 mediante el cual estableció que regirá el Presupuesto que estuvo vigente el año anterior y prorrogó “los recursos, fuentes financieras y créditos vigentes al cierre del Ejercicio 2023”.

El presupuesto del año 2023 prorrogado por el Presidente contempla el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) para el mejoramiento de la retribución de los docentes en los diversos establecimientos educativos del país, (art. 10 de la Ley 25.264). No obstante, el Presidente decidió, por su sola voluntad no abonarlo, en contra de lo dispuesto en el Decreto 88 firmado por él, que lo obliga a pagarlo.

Ahora, desfinancia ilegalmente a las universidades públicas, sosteniendo que es esencial no romper el déficit cero del presupuesto.

El presidente se olvidó que el FONID implica un derecho adquirido de los docentes, de igual manera, ese derecho lo tienen las universidades públicas nacionales, injusta e ilegítimamente desfinanciadas, violando el derecho al “desarrollo progresivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales” y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pactos de jerarquía constitucional. Este última, claramente dice, que “los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias… especialmente económica y técnica para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos”, (art. 26 del Pacto).

No hay déficit cero para defensa

Sin embargo, sin explicar de dónde saca los fondos, en el presupuesto general de 2025 se destinan seis millones doscientos mil de dólares (U$S 6.200.000 equivalente a $ 7.750.000.000) a servicios de defensa y seguridad, que es equivalente al 5,1% del total del presupuesto del país, el doble de lo que se asignaron en el año 2024. ¿Ello no afecta el déficit cero? ¿De dónde sale la plata? ¿Cuál es nuestra hipótesis de conflicto? ¿Para qué necesitamos comprar 3 submarinos a 600 millones de dólares cada uno? De ninguna manera, puede decirse que ello se hace para controlar la pesca ilegal.

Actitudes perversas

Mientras tanto, en actitudes verdaderamente insensibles y perversas, tienen comidas guardadas y no las reparten.

El 52 % de la población argentina está en la pobreza y no se actualiza la ayuda social.

Según el Sistema Integrado Previsional argentino (SIPA), ya se perdieron 196.400 puestos de trabajos.

Desarrolla una política de odio, enfrentando a los diversos sectores de nuestro país.

Se abandona la salud pública, cerrando hospitales o servicios de salud o condicionando a otros.

Todo ello acompañado mediáticamente, por muchos medios, que no informan sobre la gravedad de lo que está ocurriendo, ya que algunos de ellos son de propiedad de los mismos capitales que se benefician con la política discriminatoria y sectaria del gobierno.

Sin embargo, hay esperanza, los jóvenes en las universidades están asumiendo los desafíos del país. En esa generación, a la que es de esperar que se sumen de otros sectores, radica la posibilidad de gestar los cambios necesarios al servicio de nuestro pueblo, con justicia social y abrazo fraterno en justicia y equidad.

*Abogado constitucionalista cordobés, y Periodista columnista de opinión