Negaron, en La Falda, la demolición de la propiedad considerada de valor histórico


En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la ciudad de La Falda trató el expediente elevado por Jorge Constantino Bertopaulos, en su calidad de propietario, para solicitar la demolición del edificio que se encuentra ubicado en Av. Edén al 1003/1011 por una parte, y por otra la solicitud del representante de TENOVA SAS, Marcelo V. Picardi, en el que solicitaba, en un nuevo emprendimiento a levantar en ese predio la construcción de un tercer piso, basándose en la normativa vigente el cuerpo no dio lugar a lo pedido.

Cabe aclara que en el primero de los casos existe una ordenanza que impide la demolición por considerarse de valor histórico esa propiedad junto alrededor de un medio centenar más. En el segundo, el Código de Edificación impide la construcción por encima de los dos pisos en esa zona.

Leído el expediente en cuestión, el cuerpo decidió “no hacer lugar a lo solicitado”.

En la fundamentación, la Concejal Jorgelina Rial, definió que “la Ordenanza 3329, Código de Edificación y Urbanización, del texto ordenado del año 2020, y de acuerdo a la Ordenanza 2833, el Cuerpo Legislativo resuelve no hacer lugar a lo solicitado en ambos casos”, requiriendo la votación.

Por su parte, la Concejal Maia Martinich, señaló que “en primer lugar, quiero decir que hemos escuchado atentamente a la opinión pública respecto al tema que tenemos en tratamiento. Lo digo, porque es de celebrar que las instituciones intermedias, la sociedad, participen en temas de interés común, lo que no es frecuente y cuando ocurre sucede que los temas se debaten con mayor profundidad. Se han escuchado opiniones distintas respecto del destino de esta propiedad, y lejos, muy lejos de juzgar desde el sentido común, nos atenemos a la normativa vigente y a las herramientas legislativas, que son de las que debemos valernos para tomar decisiones… Es cierto, que de acuerdo a la Constitución Nacional hay un principio de supremacía de leyes, esto es un régimen de jerarquía (estableció el ordenamiento desde lo nacional a lo municipal)… pero también es cierto que todos los derechos se votan conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, esto se llama principio de razonabilidad. Qué significa esto? Esto significa que derechos como el de la propiedad privada, como otros, por ejemplo, los hermanados de la patria potestad, conllevan un criterio de uniformidad con las leyes, esto es si soy dueño en el fondo o en el patio de mi casa. Y esta denegación a demoler se basa en la norma general, al igual que el no habilitar una mayor superficie a construir, se trata de una decisión tomada en el marco de la legislación vigente y en ejercicio de nuestra función.

Permítame agregar, que la Constitución Nacional, a partir de 1994, incorporó los tratados de los Derechos Humanos como parte de ella, con jerarquía institucional. Así, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica establece en el artículo 21 sobre el Derecho a la Propiedad Privada que la ley puede supeditar el uso y goce de los intereses al interés social. Existen también fallos en la Corte que son el antecedente jurisprudencial que consagran la autonomía municipal en el orden constitucional por fuerza de ley y sus disposiciones. Lo más importante, es que fundamentan la base constitucional del poder de policía municipal en materia urbana, que es lo que estamos tratando. Esto es, la capacidad legitima de delimitar razonablemente el derecho a la propiedad con la finalidad de garantizar el bienestar local de derechos jurídicos protegidos, como en este caso valores históricos, paisajísticos, culturales, sociales y ambientales. Por eso es fundamental, entender a las normas constitucionales de manera armónica y no segmentadas… Este tema puso, sin dudas, en agenda la necesaria y urgente discusión del ordenamiento territorial y la urbanización de nuestra ciudad, basada en valores históricos, en nuestra identidad y también en la proyección de la ciudad, pensar La Falda desde La Falda, garantizando la participación pública y con ello la transparencia de las acciones de gobierno. En este sentido, creo, que a partir de esta discusión es necesario repensar las herramientas legislativas que nos permitan un proceso de urbanización basado en el principio del desarrollo sustentable, en el paradigma del derecho a la ciudad, a lo espacial y ambiental, y fundamentalmente a la democracia participativa. Creo que esta agenda es ya impostergable, ya que cuando no regula el Estado regula el mercado”.

Finalmente, el Concejal Francisco Villanueva, fundamento su abstención, indicando que no estaba en contra de lo resuelto, pero que entendía que los pedidos de excepción solicitados estaban fuera de lo reglamentado.