El caso de Joaquín Paredes fue violencia Institucional, así lo demuestra la actitud y la voluntad del Estado cordobés cuando reconoce, inconscientemente, que debido a los hechos en Paso Viejo, se debieron generar nuevas directivas de cambios administrativos en la Instrucción de la policía de Córdoba, llevando a 3 años la carrera.

Sin ninguna duda, hay testimonios que nos dejan hilo para cortar y este fue el del Comisario retirado (obligado) Julio Farias, quien fue citado en el juicio que se desarrolló en  los Tribunales de Cruz del Eje.

Farias, con treinta años y seis meses dentro de la fuerza, un posgrado de seguridad pública y veintidós años en la docencia capacitando al personal policial, se encontró con un sistema burocrático y que no se aggiorna a las nuevas problemáticas sociales, evidenciando el agotamiento del sistema de la Instrucción policial que venía denunciando. 

Estos cambios fueron originados por una necesidad de dar respuesta política ante una serie de hechos donde la violencia institucional se ha cobrado la vida de muchos jóvenes, y en donde también se advierte que “se venía observado muchos casos de accidentes por escopeta” por el mal uso dentro de las fuerzas policiales, lo que nos alerta del problema interno y social.

Si bien se originaron cambios, estos se han concretado como manotazo de ahogado, no en forma paulatina y con los recursos necesarios, por lo cual no podemos esperar cambios sustanciales en el resultado de esta nueva formación. Farias dictaminó que la primera camada del personal policial unos seiscientos (600) aspirantes de este nuevo formato de instrucción, “no estarán capacitados para tirar y no tienen arma asignada, aún”.

También surgieron de sus dichos que ante la necesidad de cubrir la cantidad necesaria de aspirantes, las condiciones idóneas como tener secundario completo muchas veces por “órdenes de arriba”, bajaron como expectativa, permitiendo ingresar personas que no cumplían ese requisito, y que hubo instrucciones de urgencias que permitió que muchos policías tuvieran capacitaciones muy acotadas, “como tan solo seis, tres y hasta hubo casos de un mes y se les diera un arma”.

También aclaró que bien hay protocolos, estos en la realidad y ante situaciones muy conflictivas, no son fácilmente aplicables. Agrega que “si antes el policía debía tener paciencia, hoy mucho más” porque la sociedad está muy agresiva y se presentan muchas problemáticas actuales.   

También expresó que no hay condiciones reales que permitan por ejemplo la capacitación de tiro o defensa personal, esta se hace solo en la capital desconociendo la realidad del interior, que muchos policías deben irse a Córdoba a practicar sin dejar funciones que deben cubrir, tiempo y familia. Por lo que “muchos no van a practicar o lo hacen en lugares como en el caso de Cruz del Eje, en el Dique” o deben abonar ellos mismos en espacios privados.

Es de temer que los cambios hayan sido solo para calmar la creciente demanda de justicia generada desde distintas situaciones aberrantes como el de Blas Correa que obligó a cambios de lo que era el Tribunal de Conducta Policial o el caso de Joaquín Paredes; el cambio en la Capacitación y el caso Romo para cambios de personas, pero no en el fondo de la cuestión. Estas situaciones ya fueron planteadas, desde hace muchos tiempo, por personal policial de los territorios, pero no son escuchadas por “los de arriba” y menos por la política cordobesa.

Esperemos no estar sacudidos con otras muertes, en medio de la violencia institucional, para que se realicen los cambios en seguridad necesarios.

María Karina Lucero

N. de la R.: El Juicio por la muerte de Joaquín Paredes, tuvo sentencia en el transcurso de la semana, estableciendo el Jurado Popular y Tribunal Técnico la condena de prisión perpetua al policía Maykel López como autor, caratulándolo como homicidio agravado.

El resto de los policías que se encontraban inculpados por el hecho fueron absueltos por faltas de prueba, incluso aquel al que se había sindicado como autor de amenazas a testigos. La familia de Paredes no quedó satisfecha con la resolución adoptada y su representante el Dr. Claudio Raúl Orosz adelantó que irá en casación una vez conocido los fundamentos de la sentencia, pues entiende que se tiene probada la participación necesaria de los absueltos y la inscripción del hecho dentro de la Violencia Institucional.