La Falda

La respuesta gubernamental ante la presión vecinal

El debate público que abrió la suspensión del servicio de partos en el Hospital Municipal de La Falda, por la imposibilidad de hacer frente a los honorarios de los anestesistas que se rigen a través del colegio profesional, el cual dispone el corte del servicio cuando se suman dos meses de deuda, exigió de respuestas para contener la presión vecinal.

La intención del Ejecutivo ha sido la de ganar tiempo, el que necesita para tratar de conseguir los recursos necesarios para normalizar el servicio. En función de lo cual, de acuerdo con las declaraciones efectuadas por los funcionarios, en primera instancia se buscó el diálogo con el Ministerio de Salud, siendo derivados al responsable del FOFINDES (fondo provincial de financiamiento destinado a fortalecer la atención primaria de salud en los municipios y comunas de Córdoba, utilizado para equipamiento e insumos médicos, refacciones e infraestructura, y es parte de un acuerdo de cooperación entre la provincia y los municipios), quien habría desestimado la continuidad del servicio, aunque mantendría la cuota como si se lo hiciera, cuando se le dijo que se informaría a la comunidad, habría planteado que en tal caso no podría enviar el fondo. Ante tal situación, con la información ya hecha pública por los vecinos, consultado por la prensa provincial, el Intendente decide exponer la cuestión, tras lo cual, dijo, los teléfonos provinciales dejaron de recibir sus llamadas. Ante ello, planteó la necesidad de recurrir al apoyo de los intendentes de la región, lo que habría conseguido y se plasmaría en notas al Ministerio de Salud y al Gobernador Martín Llaryora.

Mientras tanto, el Concejo Deliberante actúo como salvaguarda de esas gestiones, recibiendo los reclamos de los vecinos y citando, en primera instancia, al Sec. de Salud y al Director del Hospital, y ahora al Sec. de Economía y Hacienda y a la Contadora General, para obtener una  información acabada. Asimismo, en la última sesión, aprobó, por unanimidad, una Ordenanza, “a sugerencia del Intendente”, para reducir los sueldos de la planta política.

El alcance de la medida es del 20% para Intendente y Vice Intendente; del 15% par Secretarios, Sub secretarios, Asesor Letrado, Contador General y Juez de Faltas; del 10% para Concejales y Tribunos de Faltas; y del 5% para Defensor del Vecino y Secretarías del Concejo Deliberante, Tribunal de Faltas y Juzgado de Faltas. (Ver documento completo al pie)  

Sobre el particular, cabe decir que la oposición no aprobó el tratamiento sobre tablas, sustentando el Concejal Francisco Villanueva que hubiese deseado que tuviera tratamiento en Comisión para tener información sobre el monto que representaba y referenció que entendía que era una decisión política para contener la reacción de los vecinos, sumando que el proyecto no especificaba a partir de cuándo operaba la reducción de los salarios.

La respuesta del oficialismo, llegó a través del edil Daniel Pino que informó que correrá a partir del 1 de mayo (con extensión de 90 días), ya que la administración había cerrado lo correspondiente a abril, y que la decisión forma parte de una serie de ajustes que comprenderán a diversas áreas de la administración municipal.

La política con que ha actuado el Estado municipal parece ser la adecuada, porque hay que comprender que todas las instancias que  hay que atravesar tienen un proceso burocrático, ya que los organismos que intervienen tienen su propio sistema de organización y procedimientos para gestionar, lo que conlleva tiempos para consensuar acuerdos.

Claro está, que los vecinos quieren una solución inmediata, desean que la recuperación del servicio sea sin tardanza, y actúan en consecuencia, exigen respuestas a través de una Audiencia Pública, que, por el momento, estaría imposibilitada por “motivos de agenda del Intendente”, se movilizan y consiguen el apoyo para solicitar vía Iniciativa Popular lo que pretenden. Manifiestan también, que hay que trabajar sobre la precarización laboral de los empleados del Hospital, y muestran preocupación porque esta situación sea solo la punta del iceberg y, en lo próximo, se vean afectados otros servicios.

Difícil momento para el gobierno municipal, aún cuando tiene argumentos más que sólidos para sostener que atiende a toda una región, que el 50% del servicio se presta a ciudadanas de otras localidades, que tiene la única guardia pediátrica en la zona, incluyendo a los prestadores privados; suficiente como para mantener que si le cabe alguna responsabilidad sería la de no haber comunicado, en tiempo y forma, la dificultad económica que enfrentaba, porque, en definitiva, la responsabilidad de garantizar el servicio de salud corresponde al Estado Provincial a través del Ministerio de Salud. Ese Ministerio es la autoridad sanitaria provincial, encargada de la promoción, protección y reparación de la salud de los habitantes de la provincia, de lo que se entiende que puede descentralizar la atención primaria de la salud, que es lo que debería tramitar el Hospital Municipal de La Falda, pero no delegar la política sanitaria ni dejar de asignar los recursos que sean necesarios para la adecuada prestación del servicio.

Aún cuando pueda esgrimir que el Hospital Domingo Funes es el referente del segundo nivel de prestación, ya que como han informado los vecinos, una parturienta de Valle Hermoso, hace pocas horas, fue trasladada a ese nosocomio y no pudo atendérsela por encontrarse saturado el servicio, debiendo ser trasladada al Hospital de Cruz del Eje, a unos 100 Kms. de distancia, no parecería ser ni lo más atinado, ni lo más seguro, para esa mamá y su bebé.      

N.H.