Debate por la Preservación del Patrimonio Arquitectónico faldense

La posibilidad de la intervención judicial


Los últimos días han estado signados por, felizmente, una ampliado de los vecinos que se incorporan al debate abierto que confronta la solicitud de excepción para demoler y la que busca la preservación de la residencia ubicada sobre Av. Edén 1003/1011. Entre las principales facetas que presenta el asunto, para los participantes en las redes, estuvo la de la posibilidad de presentación de recursos judiciales y los costos que ello representaría. Hecho que, en primera instancia, correspondería al propietario, en su derecho individual enmarcado en la propiedad privada; existiendo asimismo la posibilidad que ciudadanos interpongan los suyos, encuadrados en el derecho colectivo.

En opinión anterior, siempre desde la observación del lego, para nada especialista, enunciaba sobre el equiparado o confrontación de lo planteado en el párrafo que antecede. En consonancia con ello y también impulsado por la aseveración de que primaría en la cuestión la legislación a favor de la propiedad privada, debo decir que, en mi criterio, tal situación pudo darse hasta la reforma constitucional de 1994, la que incluyó el Derecho al Patrimonio Cultural, destacando en su articulado la preservación de lo arquitectónico, lo que a su vez está sustentado pormenorizadamente en la Ley 25197 en su art. 2; todo ello inscripto en los denominados derechos colectivos. Abundando en ello, resuelve la participación de la comunidad a través de “la iniciativa legislativa ciudadana” y el “referéndum” como ampliación de las facultades del pueblo para deliberar y gobernar; rompiendo con ello el monopolio del ejercicio de la representación, el que estaba limitado a los representantes políticos, ampliándolo de esta manera a las agrupaciones ciudadanas.

El ordenamiento constitucional, entonces, no solo determina el alcance nacional, sino que avanza imponiendo tal criterio a las constituciones provinciales y a las legislaciones que estas aprueben, asimismo a las que se emitan en los ámbitos municipales. Y tal imposición aparece reflejada en la Constitución de la Provincia de Córdoba y en la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de La Falda.

En síntesis, la demanda de preservación del patrimonio histórico, que bien vale decir va unido al del ambiente, queda inscripto dentro de los derechos que tienen como titular a la comunidad en su conjunto. Esto, a su vez, lleva a inferir que existe una amalgama entre Patrimonio Cultural e Identidad Cultural, pues la preservación del primero garantiza la segunda. Tal Identidad Cultural incluye la defensa y custodia de los bienes identitarios en que ella se exterioriza, y que deben ser conservados para ser trasmitidos a las generaciones venideras.

De manera que la legislación vigente (local, provincial y nacional) incluyen como Derecho Colectivo el Derecho al Patrimonio Cultural haciéndolo confluir con Identidad Cultural y Derecho Ambiental, instituyendo el derecho de uso y disfrute de los bienes que lo conforman, proyectando al unísono acciones que habiliten convertirlo en recurso económico para el desarrollo del ámbito en que están radicados.

Reitero, lo que antecede no es más que la opinión del que suscribe, la del observador que intuye que las presentaciones judiciales pueden ocurrir, las cuales no tienen por qué generar alarma o inquietud alguna, ya que tendrán en los estrados judiciales el estudio y análisis de parte de los especialistas que deban juzgarlas, y que ante la participación ciudadana existente desestimo puedan tener altos costos ni en lo económico ni en la estima personal de quienes se vean directamente involucrados.

Lo bueno de esta instancia es que nos encontramos ante un debate propicio, que puede significar un cambio benéfico, en lo social, para una comunidad que mostraba signos de encontrarse aletargada.

Nicolás Heredia