Justicia por Jonathan Romo


A siete días de que se diera a conocer la lamentable información de que Jonathan Romo había muerto en dependencias de la comisaría de La Falda, alrededor de 400 vecinos de la localidad se manifestaron solicitando justicia.

La marcha, ejemplar por su ordenamiento y silencio, se dirigió por la zona céntrica, congregándose frente a la sede policial, donde, con muestras de consternación y tristeza, se encendieron velas en la puerta de acceso a una recepción desprovista de efectivos de guardia. Lo que debe considerarse como una actitud atinada, como también lo fue el no custodiar la movilización, ya que esto no dio lugar a ningún tipo de confrontación o represalia.

En contacto con la prensa, el primo de Romo, Cristian Martínez, expuso que la investigación de lo sucedido aparece como “bien encaminada”, haciendo recaer las principales responsabilidades sobre la Fiscal Paula Kelm y el comisario Diego Bracamonte. En el caso de la primera, por haber tenido bajo su investigación una golpiza que había recibido Romo, en diciembre último, por parte de cinco uniformados, los cuales no habrían recibido sanción alguna, aun cuando el accionar determinó que el extinto debiera ser internado con graves lesiones en el Hospital San Roque. En cuanto al segundo, lo hacen responsable de encubrimiento, tanto en el caso descripto cuanto en el que desencadenó en su muerte, y sostuvieron que “no entendemos cómo aun no se encuentra imputado”.

Finalmente, entendió que lo acaecido es el resultado de “el proceder habitual de la policía de la Provincia de Córdoba” y no “una cuestión de protocolos como se la intenta establecer”.


La reacción institucional

En escasas oportunidades se ha visto tanta celeridad en la toma de medidas disciplinarias ante situaciones de extrema gravedad en la que se vieron involucradas las fuerzas de seguridad provinciales.

A pocas horas del trágico suceso se daba a conocer el desplazamiento de la cúpula de Recursos Humanos y Entrenamiento policial (dos comisarios), el pase a disponibilidad del Crio. Diego Bracamonte, Jefe de la Unidad Regional Punilla Norte, y poco después cuatro suboficiales fueron imputados “por homicidio calificado por abuso funcional” y dos oficiales “por encubrimiento” y finalmente la reestructuración del equipo de investigadores que comanda la fiscal Kelm; todo ello determinado por el Ministro de Seguridad, Tribunal de Conducta Policial y Fiscalía General.

En el ínterin, la Jefa de la fuerza policial referenciaba que no se habían respetado los protocolos para actuación en estos casos; el Gobernador ordenaba que se investigara hasta las últimas consecuencias; y el Fiscal subrogante, Raúl Ramírez, admitía que se encontraba ante una “muerte violenta”. Todo esto hace presumir que los diferentes niveles interpretan que los elementos con los que cuentan los conducen a anticipar responsabilidades de los agentes involucrados.

Ante este panorama, el interrogante que se abre es si nos encontramos ante un “exceso policial circunstancial” o como señalan los familiares de Romo de un “proceder habitual”. Si se tratase de esto último, habría que comenzar a pensar en falencias de orden institucional. Si así lo hiciéramos, tendríamos que comenzar a pulsar en cuánto afectaron o afectan, para no remontarnos en el tiempo y restringirnos solo a Punilla, los dos casos más resonantes que han quedado impunes hasta el momento por aparentes errores de investigación, homicidios del matrimonio Walter Reist y Edith Gómez en Bialet Masse y el femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte, ambos con imputados absueltos y ahora la muerte de Jonathan Romo en La Falda.

Con estos indicios y la purga en proceso, la pregunta que surge es si se trata de generar cambios que hagan más eficaz el sistema y exponer como ejemplo indeseado lo que ha venido ocurriendo en Punilla hacia otras jurisdicciones o si solo se remitirá a un llamado de atención con incidencia en la comunicación buscando morigerar el reclamo ciudadano.

Desde el punto de vista ciudadano lo óptimo sería subsanar las falencias del sistema, en concordancia con ello evaluar como víctimas de ese sistema defectuoso a los responsables funcionales sin abstenerse de considerar sus disvalores y propender, como parte de lo óptimo, a su más alta capacitación física, intelectual y legal para cumplir con el cometido de ser sanos servidores públicos.

N.H.