Durante toda la semana se ventiló el juicio por el crimen de Joaquín Gabriel Paredes , de 15 años, en Paso Viejo, Departamento Cruz del Eje.

El Tribunal que está constituido por el Dr. Ángel Francisco Andreu, Ricardo Arístides Py y Javier Rojo, para muchos organismos y personalidades, ha dejado la impresión que permitieron maltratos a los familiares y otras víctimas sobrevivientes de la balacera policial que se produjo el 25 de octubre de 2020, a la madrugada, frente al dispensario de la localidad de Paso Viejo.

Una de ellas fue Soledad Laciar, la madre de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años asesinado por la policía en Córdoba capital el 6 de agosto de 2020, quien estuvo presente en la sala espejada y expresó: “Me voy con un sabor amargo. A las víctimas hay que cuidarlas, y siento que hoy a Sole (la madre de Joaquín) no la han cuidado. Escuchar esas palabras de los abogados (defensores de los policías) y que una Cámara lo permita, a mí no me pasó. Yo tuve voz en el juicio y una Cámara que nos respetó y cuidó mucho, a mí y a mi familia. Hoy no sentí eso. Creo que hay que apoyar más que nunca”.

Durante el debate han pasado ya varios testimonios de los jóvenes que estaban esa noche y declaraciones de algunos de los policías que están imputados, estos últimos han tenido demasiadas contradicciones cuando narraban los hechos. No obstante, lo que queda claro es que la estrategia de las defensas de los imputados es poner en duda que lo que aconteció en Paso Viejo fue VIOLENCIA INSTITUCIONAL.

Sobre este tema Soledad Laciar refirió “Yo no tengo dudas de que acá hubo violencia institucional”.

Tenemos que recordar que, en su momento, el Fiscal de Instrucción, Reymundo Barrrera, había hecho responsables al personal policial de Homicidio Calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales.

Por ese motivo, las Defensas acudieron en apelación ante la Cámara Criminal y Correccional  de Villa Dolores, que determinó atenuar las imputaciones y transformarlas en Homicidio agravado.

¿Pacto de poderes contra el reconocimiento de la otra Violencia institucional en Córdoba?

Esta pregunta surge porque han pasado muchas cosas desde este hecho, que permite pensar que la institución policial tiene una cobertura llamativa en este caso.

*En el lugar de los hechos no se preservó la escena del crimen, según dicen los familiares se ocultaron pruebas como que recogieron vainas, se constataron 112 balas.

*La familia de Paola Navarro, mamá del herido Brayan Villada, tuvo un sin número de allanamientos en su casa.

*Quienes brindaron testimonio esta semana han mantenido que han sido hostigados por la policía durante todo este tiempo, e incluso Marcos Sebastián Heredia padre de uno de los chicos que estuvo esa noche, se llevó a su familia a vivir a Villa Soto por esos hostigamientos.

*La Secretaria de Derechos Humanos de la Nación pidió ser querellante y fue rechazado.

*La Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y Amnistía Internacional solicitaron formalmente ser “Amicus curiae” y Veedores de la investigación penal. Solo le permitieron ser Amicus hasta llegados los fundamentos y con respecto a la participación como Veedores fue rechazada. Esto hubiese sido esencial para la trasparencia del proceso judicial.

*Cuando la Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores atenúa la calificación, quedan todos en libertad, menos Maykel López, en el juicio los imputados están mezclados con el público y los familiares.

*Antes del inicio del juicio un abogado defensor quiso impedir que Soledad Laciar participara acompañando a la familia de Paredes. 

*La sala espejo es la misma que utilizaron para el juicio de Cecilia Basaldúa, por lo que el aplazamiento del juicio no se debió a armar un espacio para prensa o publico como dijo el Tribunal sino, presumo,  fue para demorar y que pasaran las elecciones provinciales.

*En el juicio hay una desmedida descalificación de los defensores hacia los jóvenes que estuvieron en la plaza y luego fueron al Dispensario. También recordemos que muchos de ellos tiene un nivel escolar muy bajo y las preguntas y comentarios hacia ellos, tienen un tinte discriminador según la mirada de las organizaciones de derechos humanos que acompañan a la familia.

*Por último, un dato no menor es que los abogados defensores son de aranceles altos, lo que sugiere que existe una colaboración en lo económico porque un agente de policía no podría pagarlo.

*Sabemos que, al menos, uno de los abogados defensores es dirigente y ha hecho campaña para el recientemente electo gobernador Martin Llaryora en Punilla.

Solo esperamos que nos encontremos ante suposiciones sin sustento y no ante el reflejo de un pacto entre el poder judicial, el de seguridad y el político.

Los ciudadanos de Córdoba necesitamos que la institución policial nos proteja, pero a su vez que proteja a su propia institución de personas que no saben cómo actuar ante estos eventos. Dejar en evidencia quienes abusan de su poder es obtener justicia para quienes arriesgan su vida en lo cotidiano dentro de esa institución, tan cuestionada últimamente.

Informe: María Karina Lucero

Ficha técnica de la Constitución del Tribunal

Tribunal de Cámara de Cruz del Eje: Dres. Ángel Francisco Andreu, Ricardo Arístides Py y Javier Rojo.

Fiscal de Cámara: Dra. Fabiana Pochetino

Asesor Letrado: Dr. Juan Martin Ilia porque en el momento de los hechos fueron damnificadas personas menores de edad.

Querella: por la familia de Joaquín Paredes se presentó el Dr. Claudio Orosz,  y Ramiro Fresneda; mientras que en representación de Paola Navarro, la mamá de Brian Villada, lo hicieron el Dr. Juan Garcia y la Dra. Mónica Paz.

La defensa tiene varios abogados, entre ellos el Dr. Carlos María Cardeilhac, como defensor del imputado Ronald Nicolás Fernández Aliendro; los abogados Ricardo Moreno y Yamila Moreno, defensores del imputado Maykel Mercedes López. El Dr. Pedro Eugenio Despouy Santoro y Eduardo Rodríguez Aramburu, en defensa de los imputados Enzo Ricardo Alvarado, Jorge Luis Gómez e Iván Alexis Luna.

Las imputaciones son:

Al Subcomisario Alberto Daniel Sosa Gallardo considerado autor del delito de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.

Agente Enzo Ricardo Alvarado y Sargento Jorge Luis Gómez calificados como autores de omisión de los deberes de oficio y coautor de disparo de arma de fuego calificado por ser miembro de las fuerzas de seguridad.

Los agentes Iván Alexis Luna y Ronald Nicolás Fernández Aliendro, están enfrentando la acusación de coautores de lesiones graves en agresión agravadas por el uso de arma de fuego y coautores de disparo de arma de fuego calificado por la condición de ser miembro de las fuerzas de seguridad.

Mientras que el agente Maykel López  es el más complicado ya que se sabe que la bala que se incrusta por la espalda y mata a Joaquín Paredes es de este uniformado, por lo cual enfrenta la acusación de autor de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y coautor de lesiones graves en agresión agravadas por el uso de arma de fuego, y coautor de disparo de arma de arma de fuego calificado por la condición de ser miembro de las fuerzas de seguridad.