Comunicado Centro de Protección Familiar (Ce.Pro.Fa.)

18 años construyendo y protegiendo derechos


Desde el Centro de Protección Familiar acompañamos a las organizaciones sociales, familias y victimas en la procuración de justicia desde hace 18 años.

Este lunes 26 marchamos por una justicia independiente, cuando decimos independiente lo decimos porque la justicia que se imparte en el Departamento Punilla sostiene una inacción cuando se trata de investigar al poder político y económico, por otro lado lo decimos por la falta de perspectiva de género e infancias.

El derecho tiene perspectiva y no es neutral porque se revela en las miradas androcéntrica y adultocéntrica de las producciones, investigaciones y valoraciones de las pruebas judiciales, por eso es fundamental que se mire por debajo de la superficie del derecho para identificar las implicancias que conllevan a la perpetuación de las subordinaciones de mujeres y niñeces dentro de la justicia por falta de una mirada distinta.

Cuando pedimos perspectiva de género o incorporar la perspectiva de los derechos de las infancias, hablamos de equilibrar las asimetrías imperantes y que forman parte de las obligaciones internacionales firmadas por nuestro país y que habilitan a los seres humanos en sus derechos integrales en la igualdad de condiciones frente la ley.

Esta perspectiva histórica de poder está muy fuertemente incorporada en el sistema a través de los operadores jurídicos en todos los niveles, desde quienes toman la denuncia, pasando por las medidas que pretenden brindar seguridad y en la investigación. Discriminan con estereotipos fuertemente incorporados e históricos, que traen como consecuencia de sus prejuicios o emociones, la resistencia para ser revisados.

La obligación de los estados que han firmado las Convenciones internacionales habla de que deben hacer esfuerzos adicionales con respecto a los grupos históricamente excluidos o que corren mayor riesgo de ser discriminados, para que las personas de esos grupos puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas. En el caso del poder judicial la obliga a medidas de compensación para reducir o eliminar los obstáculos en el Acceso a la Justicia, y cuando la justicia se anoticia de un caso debe tener debida diligencia en la investigación y sanción.

Un informe elaborado por el Tribunal Superior de Justicia reveló que en la Ciudad de Carlos Paz se registraron 2.002 denuncias por violencia de género, lo que sería un promedio de cinco denuncias diarias.


Mientras que en la Ciudad de Cosquín las denuncias llegaron a 2.323, donde se mantiene es la localidad con los índices más altos de violencia familiar de la Provincia de Córdoba y con mayor litigiosidad en ese ámbito.

La realidad es que la vulneración y revictimización desde las Instituciones surgen desde los comentarios, insinuaciones o alusiones estereotipadas de los operadores jurídicos y policiales, los lugares y los largos momentos de espera para denunciar, las demoras en la citación a declarar o en la pericias, la falta de acompañamientos de profesionales en salud mental, la falta de información sobre programas y derechos a las víctimas o familiares, la garantías de patrocinios gratuitos comprometidos con las causas en delitos de integridad sexual en las infancias o de violencia en contextos de género y familiar, la poca información a quienes denuncian en lo que respecta a sus causas, en especial el no escuchar a los niños y niñas a pesar que la ley lo exige, la violencia vicaria que surge de los tribunales de familia, las infancias necesitan intervenciones eficaces y urgentes ante el incrementos de malos tratos y abusos, las vulneraciones de derechos son muchas más y estas son solo algunas de las muchas situaciones que deben soportar las personas o familias que buscan procuración de justicia en Punilla.

En una reciente investigación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (año 2019) sobre la elaboración de la Tasa básica de eficacia político-criminal que pretende medir como los Ministerios Públicos Fiscales logran salidas que impacten sobre el control de la criminalidad, al Ministerio Publico Fiscal de Córdoba lo ubica en el puesto 16, sobre veinte provincias, es decir a solo a cuatro de quedar última.

Para la ciudadanía también queda la sensación de que los Ministerios Públicos Fiscales no estarían cumpliendo con sus funciones más básicas, como las de dar respuestas de calidad a los conflictos que ingresan al sistema penal, al no gestionar adecuadamente los intereses de las víctimas, ni incidir sobre el control de la criminalidad, en el riesgo del aumento de niveles de violencia social en donde prime la justicia por mano propia como ya lo estamos viendo en diferentes puntos.

Es nuestra pretensión en acompañar a esta marcha la de que se genere un cambio en donde se incluyan las voces de a las víctimas, de sus familias, que se vean las circunstancias específicas y especiales en su contexto integral. Que este pedido no se comprenda como vía para conseguir justicia a cualquier precio, que no conlleve causas armadas, ni perejiles, sino enmarcado en los derechos humanos. Que se incluya las experiencias y las vivencias de las Organizaciones no gubernamentales como un elemento necesario para la construcción de la seguridad y la justicia.

LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA REALIZAR LAS DENUNCIAS Y LOS ESPACIOS DONDE SE RECIBEN VICTIMAS DESALIENTA A FORMALIZARLAS

En la Unidad judicial de Carlos Paz hemos tenido la desagradable experiencia de comprobar que en pleno invierno una familia compuesta por dos mujeres y un niño discapacitado, que habían sido víctima de violencia, con un ataque con un destornillador a su hija, en su departamento, a las 13:20 hs. terminaron de denunciar a las 3:00 hs del siguiente día en la Unidad Judicial. La denuncia lleva la fecha de un día después del hecho, que asimismo su hijo tuvo que estar en el piso porque no había lugar para sentarse en medio del frío y sin comer.

La semana pasada, buscando información en la misma U. J. me encontré a otra mujer que estaba desde las 11:30 hs. esperando para hacer una denuncia y recién a las 17:30 hs. pasó a materializarla.

Asimismo, esto se repite en la Unidad Judicial de Cosquín que quienes esperan a denunciar o acompañan a una víctima deben hacerlo al aire libre al no tener sala alguna para cobijarse del frío en invierno o del calor abrazador en verano al ser un espacio abierto.

DELITOS DE INTEGRIDAD SEXUAL

Tenemos causas de delitos de integridad sexual que duermen en la Unidad Judicial, después de un año de denuncia citan a una víctima desde la fiscalía y terminan diciéndole que su “hecho no era tan grave”. Cómo sabe el operador jurídico del daño que tiene esta persona si ni siquiera le habían tomado declaración, tampoco se le realizaron las pericias, los daños por estos delitos traen consecuencias a corto y largo plazo. Está de más decir que el denunciado era un funcionario municipal que ahora está siendo sostenido por las 62 organizaciones peronistas, de esta forma revictimizan y disciplinan al silencio a quienes se animan a denunciar.

Hay una joven de 14 años que denunciando a un familiar por abuso sexual, ya lleva tres incumplimientos de prohibición de acercamiento y estamos esperando medidas que la protejan desde la Fiscalía Nº 1 de la Dra. Jorgelina Gómez, siendo responsable porque ha tomado conocimiento de los hechos y sin embargo, no tiene diligencia, no ha prevenido los riesgos y no ha investigado estos hechos. Esta misma Fiscal es quien subroga a la Dra. Paula Kelm en Cosquín y comenzó la búsqueda de Cecilia Basaldúa entre otros casos.

MALA PRAXIS

En el caso de Sergio Racca la causa estuvo dos años paralizada en la Secretaria Nº 1, solo se investigó a una profesional de la salud por mala praxis, cuando eran seis los denunciados. La Fiscal elevó a juicio a una imputada y como lo manifestaba la familia, el Juzgado de Control le devolvió la causa diciéndole que le falta investigar y ya van 4 años sin justicia donde han desaparecido historias clínicas y pericias.

FEMICIDIO

Tenemos el caso de Andrea Castana que va a los 8 años sin justicia, pasaron fiscales, incluida a la Dra. Hillman, a quien se la premió con un cargo en la Fiscalía General, siendo como dijimos en la audiencia pública desde nuestra Organización, que ella era responsable de embarrar la cancha en el caso de Jorge Reyna (año 2013) que quedo impune; como la muerte de Mirta Horrach (año 1994) en la comisaria de Capilla del Monte y Brian Palomeque (año 2012) sospechada la policía en La Falda. La causa de Andrea Castana no avanza y el Fiscal Ricardo Mazuchi ni siquiera atiende al padre de Andrea. Es el mismo Fiscal que no ha avanzado con el caso de Hernán Sánchez que lleva siete años sin justicia.

Mientras que en la Fiscalía de Cosquín tenemos que desde marzo se busca a Cristian Alejandro Matheu, femicida de Marcela Damiani, crimen que aún no se resuelve.

CASOS DONDE HAY PODER POLÍTICO, NO SE INVESTIGA

A poco de cumplir un año nunca avanzó la denuncia contra la Residencia de adultos mayores Cocoon de Capilla del Monte. En esta denuncia se dejan en claro situaciones de violencias laborales y de género. En este lugar que se inundaba y se cortaba la luz, medicaba una señora que no es médica porque el médico venia cada tanto de Córdoba, hubo quita de teléfonos a adultos mayores que querían hablar con familiares para ser retirados del lugar, la principal testigo fue “visitada” en dos oportunidades por uno de los “dueños” del lugar, una integrante del Ce.Pro.Fa. que hizo pública la situación fue amenazada. El socio de este lugar es un señor que es participante activo del partido del Intendente de turno, la abogada de la residencia que los encubrió en juicios laborales contra empleadas mujeres, es quien orienta legalmente en el Área de Género y Punto Mujer de Capilla del Monte y La Falda, quien consiguió el médico de Córdoba que era obligatorio tener en un geriátrico es una persona allegada a Obras Publicas de la provincia y el órgano de control con quien se habló telefónicamente y nos exigió denunciar por mail, es R.U.GE.PRE.SA que es el Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud, nunca nos contestaron, nunca llamaron a nadie a declarar y la residencia sigue funcionando como si nada.

VIOLENCIA VICARIA

Esta surge como extensión de la violencia familiar y de género denunciada y que aprovechando el contexto de ser progenitores de hijos o hijas, estos terminan siendo utilizados para seguir perpetuando la violencia en forma indirecta, ante la imposibilidad de acercamientos o comunicaciones por las medidas de seguridad. Se aprovechan los espacios de Tribunales de Familia como instrumento para cumplir con la amenaza de quitar “los niños si me denuncias o me dejas”, esto ocurre porque no se evalúa el contexto integral y por falta de perspectivas.

UNIDAD JUDICIAL EN CAPILLA DEL MONTE

Urge la Unidad Judicial en Capilla del Monte muchas personas llegan a la Unidad judicial de la Falda cuando deben denunciar delitos de integridad sexual de niñeces para evitar la revictimización en la Comisaria de Capilla del Monte.



CENTRO DE PROTECCIÓN FAMILIAR Fundación Nº 378 “A”/12

17 Años construyendo y protegiendo derechos

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