Caso Cecilia Basaldua

Una instancia crucial para el accionar policial y judicial


El 10 de junio va a ser un día bisagra para dos instituciones que vienen siendo bastante vapuleadas en la sociedad de punilla, una es la policía, la otra el Ministerio Público Fiscal.

El femicidio de Celilia Basaldua derivó en denuncias públicas sobre la desconfianza, que no es nueva, pero que logró trascender las fronteras de nuestro departamento. El ojo de la familia y de las organizaciones de mujeres poniendo en duda la capacidad de quienes trabajaron en la búsqueda y luego en la investigación, se justificaría de alguna forma en lo vivido hasta acá en los Tribunales de Cruz del Eje donde no existe ninguna certeza sobre la responsabilidad del único acusado y detenido, Lucas Bustos.

Dentro de las pruebas en el cuerpo de Cecilia no hay nada que indique el principio de transferencia entre víctima y victimario.

A Bustos lo condena su testimonial, que luego denuncia se realizó bajo presión policial, esto es lo que origina la presentación de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación como otro querellante en esta causa. También presentó lesiones que según el médico legal se produce en defensa de la víctima, según la defensa son por su trabajo en el campo. Mientras que Cecilia presentaba múltiples lesiones porque para someterla fue muy golpeada, incluidas las indicativas de un ataque sexual y finalmente la que le dio la muerte cuando fue estrangulada.

Pero la principal duda se genera en que no hubo muestras entre ese vinculo que se produce ante estos hechos entre víctima y victimario, no hay semen de Bustos en Cecilia (el de la muestra sale de la propia ropa de Bustos), no hay vello pubiano, no hay ADN ni de él en ella, ni de ella en él. No hay relación ni elementos que los unan en el lugar, solo hay una muestra de residuos de vegetales pero son comunes en la zona. Según la reconstrucción de policía judicial, Bustos la atacó y le dio muerte donde fue encontrada, pero el cadáver, tampoco tenía lesiones de animales y recordemos que estuvo desaparecida 20 días.

El último dato que surge fue el día que terminaban las testimoniales, donde se presenta por parte de la querella, representando a la familia Basaldúa, una omisión de pruebas que según dice la Dra. Pavon “no fueron lo suficientemente investigados por la justicia”, se trata de un vecino del lugar que llegó unos días después a su casa por estar aislado por la pandemia y denuncio el 15 de mayo del 2020 (veinte días después de encontrado el cuerpo) que en su casa cerca del basural, se encontró que habían roto la cerradura, más un candado, y que había un colchón con sangre, de esa muestras se supo que había sangre humana y animal, pero nunca cotejaron si el ADN de esa muestra podría ser de Cecilia. Está pasó a ser incorporada al juicio por pedido de esta querella y por ello se trasladó la audiencia en espera de esos resultados.

Incertidumbre ante las instituciones

Lo que se viene no es bueno, sin ninguna duda lo que acontezca el diez de junio a nadie va a dejar conforme, porque si Bustos es condenado con tan poca certezas será un escándalo y si no es condenado, se generará una presión hacia la justicia ante la sensación de impunidad, de miedo de convivir socialmente con personas peligrosas en libertad y querer resolver un caso llevando a un posible inocente a la cárcel.

Parece la “maldición de Cecilia” pero muchos de los involucrados en su búsqueda y en la investigación están detenidos por violencias de género. A su vez no podemos evitar pensar en la pérdida de autoridad de la policía y del Ministerio Publico Fiscal ante causas complejas.

Como si esto fuera poco hace días se vienen repitiendo las llamadas, mensajes y audios de personas privadas de la libertad o de sus familias, incluso algunos con condenas, que expresan que están injustamente detenidos o condenados, por quienes les armaron causas y nombran a los mismos investigadores y comienzan a presionar para que se revea sus causas.

Las denuncias contra estas dos Instituciones surgen también de organizaciones como los Defensores del Ambiente que los acusan de procesos ilegales volviendo a aparecer los mismos protagonistas en el centro de las quejas.

Sin lugar a dudas el diez de junio será bisagra en la causa de Cecilia en lo particular, pero en el fondo hablamos de la profundización de la desconfianza a las últimas de instituciones que recurrimos cuando ya no queda ninguna otra alternativa.

Al crecimiento de los innumerables delitos comunes como hurtos y robos, se le suma desde hace años la judicialización de los conflictos familiares, el involucramiento de las denuncias hacia otras Instituciones que no pueden dar respuestas como las violencias dentro de los ámbitos educativos, de salud, de cuidados, comunitarios, en la búsqueda de personas, etc., hacen que estas sean la trinchera entre una demanda grande y respuestas no tan claras.

Si nos ponemos a pensar lo que empieza a surgir son situaciones de justicia por mano propia en lo concreto que pasaron inadvertidas en Punilla, también el creciente escrache en las redes sociales que confirman lo dicho. Como sociedad estamos tocando fondo y quienes nos gobiernan parecen estar más ocupados en los puestos políticos que pueden ocupar el 2023, que lo que nos pasa en lo cotidiano.

Sin Instituciones que brinden confianza no hay sostén en la democracia por lo cual aparecen la incertidumbre, la desconfianza, la intranquilidad, la insatisfacción, es decir todo lo que no es recomendable para un país.

Karina Lucero