La Falda

Miguel Carro interpreta que el Vice Intendente, Juan José Dillet, ha incurrido en irregularidades en su función que ameritan el Juicio Político


En nota elevada al Concejo Deliberante y Poder Ejecutivo, Miguel Carro describe una serie de conductas atribuidas al Vice Intendente Juan José Dillet que considera son incompatibles con su función y que están normadas en la Carta Orgánica de la ciudad de La Falda y Código Penal. La intención es que el Poder Legislativo se informe y, en consecuencia, trate la cuestión, decidiendo si caben los alcances normativos expuestos por el denunciante; de así suceder abra, o no, la instancia de Juicio Político.

El documento

El texto completo del instrumento señala que “… el que suscribe y abajo firmante, Miguel Fortunato Carro DNI 5.881.477 domiciliado en Diagonal Los Eucaliptus nº 1184, Villa Edén, de esta ciudad, y en ejercicio de los derechos otorgados por la carta orgánica Municipal como vecino y contribuyente, viene por intermedio de la presente a manifestar y poner en conocimiento de Uds., lo referente a la conducta desplegada por el ex Concejal y actual Vice Intendente, Sr. Juan José Dillet, en varios aspectos que paso a detallar: 1) EI Sr. Juan José Dillet, CUIT 20-132868876, de profesión corredor público MP 04-4042, desde el año 2012, en forma ininterrumpida hasta la fecha, interviene en forma activa como gestor y/o mandatario de negocios inmobiliarios y/o por interpósitas personas en distintas operaciones del rubro, que a modo ejemplificativo enumero, las siguientes: a) Compraventa del Galpón, situado sobre calle Kennedy ex propiedad del Sr. Pallotti, donde actualmente funciona un Supermercado Chino, que a la fecha que se efectuó la operación, estaba prohibido por Ordenanza desarrollar allí la actividad de un Supermercado, la cual sospechosamente rápidamente se modificó, hecho del cual se jactaba públicamente, el referido funcionario público.-

b) Compraventa del predio sito en Avda. Edén al 1.100, propiedad del Sr. Pablo German Mendoza, el que según sus dichos, que constan en acta del correspondiente Centro Vecinal, el funcionario Dillet es socio y/o al menos participa en dicho emprendimiento inmobiliario, como Corredor público habilitado, comercializando y desarrollando el mismo, publicando al efecto folleterías con su número de matrícula impreso al costado (MP 04- 4042 y su teléfono 03548- 15560978), las que como medio de prueba acompaño adjuntas al presente.

c) Compraventa de los inmuebles del Hotel Scala, de esta ciudad, con cierto grado de participación del Sr. Dillet, cuyos titulares de dominio PASAN A SER el Sr. Eduardo Omar de Vita (Secretario de Obras Públicas), de la ciudad de La Falda, el Sr. Gastón Raúl Sabre, y su madre, hermano y madre respectivamente del abogado Gastón Federico Sabre (Miembro del Tribunal de Cuentas de la ciudad de La Falda).

Para la realización de estas y otras operaciones las que no se mencionan aquí, los funcionarios, entre otras cosas, tienen acceso a la información privilegiada municipal, sobre deudas, etc., que utilizarían, para hacer negocios en beneficio propio o de terceros allegados.

2) Que según acta 034/2015, el Sr. Juan José Dillet, toma juramento como Concejal de JUNTOS POR LA FALDA, y con fecha al cargo de Concejal electo, y por Acta 032/2019 presta juramento como vice intendente de JUNTOS POR LA FALDA, haciendo lo propio el Sr. Gastón Federico Sabre como miembro del Tribunal de Cuentas, siendo nombrado luego el Sr. Eduardo Omar de Vita, en Obras Públicas.

3) Que durante todo este lapso desde el año 2015, hasta la fecha, el Sr. Dillet, se encuentra matriculado en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, de la provincia de Córdoba LEY 7191, como corredor público con la Matricula 4-4042, la que se mantuvo activa durante todo el tiempo, acarreando dicha situación un agrave anomalía según lo prescripto por la ley 7.191, Capítulo IV- Incompatibilidades, Articulo 9, que reza así: "NO PODRÁN EJERCER LA PROFESIÓN DE MARTILLERO O CORREDOR INMOBILIARIO POR INCOMPATIBILIDAD: A) LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, PROVINCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS REPARTICIONES, EN LOS CASOS QUE REPRESENTEN LOS INTERESES DEL ORGANISMO O ENTIDAD DE QUE FORMEN PARTE O DEPENDAN O EN VIRTUD DE CUYOS PODERES ACTUEN".

LO QUE TAMBIÉN ESTARÍA EN COLISIÓN CON LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL., art. 39 que reza así: No pueden ser miembros del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, ni funcionarios políticos o de confianza de los mismos. 1) Los inhabilitados para el desempeño de cargos públicos, mientras dure su habilitación".

En cumplimiento de ambos artículos de las distintas leyes, nos llevaría a la conclusión, de que el Vice Intendente Dillet, NUNCA PODRÍA HABER SIDO FUNCIONARIO PUBLICO, salvo que suspendiera o hubiere dado de baja su matrícula de Corredor Público, cosa que no aconteció, puesto que desde 2015 a la fecha está activa y vigente.

Por otro lado al margen que se encuentra con su matrícula activa, es PUBLICO Y NOTORIO QUE EL REFERIDO SR. DILLET TRABAJA EN FORMA ASIDUA EN LA INMOBILIARIA QUE LLEVA SU APELLIDO, y de alguna manera intervino en las operaciones mencionadas.

Por todo ello por estas situaciones atribuibles al Sr. Dillet, presumo que ameritaría el trámite previsto por el art. 111, de nuestra Carta Orgánica, caso contrario, los responsables serían pasibles de aplicación normativa referida al incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de la aplicación de la ley penal, que corresponda.

Cabe señalar que los funcionarios referidos en esta nota son todos integrantes de JUNTOS POR LA FALDA, y que esta conexión podría ser tipificada con otro tipo de delitos previsto en los arts. 265, 268 (1), 268 (2), del código Penal.

Que asimismo se viola el principio de igualdad ante la ley, y no existiendo la tan mentada trasparencia…”.


Artículos a los que se hace mención

Con el objetivo de que el lector pueda contar con el conocimiento del articulado que se menciona en la nota en cuestión, transcribimos lo que imponen.

El Art. 111 de la Carta Orgánica Municipal define que “Todo miembro del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo o Tribunal de Cuentas puede ser denunciado por uno o más concejales ante el Concejo Deliberante, en cualquier sesión o momento de sus mandatos, por mal desempeño de sus funciones, incapacidad, incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, de conformidad con los artículos de este título” – Responsabilidad de los funcionarios – Capitulo II Juicio Político –

En cuanto a los referidos al Código Penal

Artículo 265: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.

Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del beneficio indebido pretendido u obtenido.

Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales”.

Artículo 268 (1): “Será reprimido con la pena del artículo 256, el funcionario público que con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.

Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del lucro obtenido”.

Artículo 268 (2): “Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos (2) años después de haber cesado en su desempeño”.

Cabe consignar que la situación planteada exigirá de un exhaustivo estudio por parte de los concejales con el objeto de no dejar resquicios de los que, a futuro, puedan emerger responsabilidades que los involucren, en caso de que el denunciante o un tercero eleven la cuestión a investigación judicial.