Asambleas Ambientales de Punilla, Paravachasca y Córdoba capital reclamaron por la Licitación Pública de las autovías


El fin de semana pasado se produjo una nueva movilización de las asambleas ambientales ante las oficinas de Caminos de la Sierras, para

solicitar se detenga, de inmediato, el proceso licitatorio de las obra que entienden incumplen leyes nacionales y provinciales, ya que “no se implementó la participación ciudadana correspondiente y pone en riesgo la vida de nuestros territorios”.


El texto del comunicado hecho público en la oportunidad señala que “Nos manifestamos para comunicar que tanto en la audiencia pública virtual de Punilla, como en la de Paravachasca (realizadas entre abril y agosto del año 2021), el 90% de los asistentes se opuso a estos proyectos de autovías, argumentando las razones ambientales y socioculturales por las cuales se rechaza la forma en que se quiere llevar adelante la obra pública en nuestra provincia.

El rechazo es no sólo como defensores de los ríos, la tierra y el aire -elementales para la vida en el planeta- sino porque hemos observado numerosas irregularidades que muestran la ILEGALIDAD de dichos proyectos, presentados en deficientes Estudios de Impacto Ambiental y

de todo el Proceso de Evaluación Ambiental correspondiente a obras de esta envergadura. Vale aclarar que fue la Autoridad de aplicación, en este caso la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, la encargada de otorgar la Licencia Ambiental.

¿Cuáles son algunas de estas ilegalidades?

1- INCUMPLIMIENTO DEL Art.19 Ley 10208: el cual especifica que un EIA (Estudio de Impacto Ambiental) tiene por objeto: "predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones o proyectos puedan causar sobre la calidad de vida humana y del ambiente en general".

Sin embargo, el EIA presentado afirma en repetidas oportunidades que “se deberán considerar los impactos” o “realizar futuras evaluaciones”, sin especificar en consecuencia, medidas de mitigación precisas para esos aspectos, como especifica la ley.

- INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 9814 y Decr. Reglam. 170/2011 de protección de Zonas Rojas y Amarillas de alto y mediano valor de conservación, ya que la propuesta pretende:

● Atravesar sectores de montaña de zona de categoría I (roja), de muy alto valor de conservación.

● Cruzar cuencas hídricas y cursos de agua de alto valor ecosistémico que proveen de agua a la población actual y deberían continuar proveyendo agua a las generaciones futuras.

● Cruzar la embocadura del Río Cosquín al Lago San Roque, embalse que provee de agua a la ciudad de Córdoba Capital.

● Cruzar el Río Yuspe que es el río más limpio y con mayor caudal de nuestra región.

● Atravesar las "Reserva Hídrica Los Gigantes", "Reserva Parque Río Yuspe-Cosquín " y "Reserva Ecológica Natural y Balneario El Portecelo".

● Modificar el paisaje de nuestras sierras.

● Afectar la biodiversidad y poner en riesgo a especies que se encuentran en estado vulnerable o peligro de extinción.

● Afectar la calidad del Aire, por contaminación y por eliminación de enorme cantidad de vegetales (desde hierbas hasta árboles) que participan en la purificación del aire.

● Generar contaminación Sonora.

● Atravesar viviendas rurales.

● Atravesar y dañar el Patrimonio Cultural de nuestra provincia, tanto a nivel arqueológico como paleontológico.

● Realizar expropiaciones urbanas.

● Afectar "Caverna Los Sauces", propuesta por la Fundación PCMA Córdoba (Programa para la Conservación de Murciélagos de Argentina) para que se declare Área de Importancia para su conservación.

● Impactar negativamente sobre la calidad de vida de la población.

2 - INCUMPLIMIENTO de la Ley Prov. 9814 de ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, al autorizar en el EIA el Desmonte Químico con la consiguiente contaminación del agua, que la Ley prohíbe porque ocasiona daño a la Salud humana, ya que los químicos son potencialmente cancerígenos.

3- INCUMPLIMIENTO DEL Art.24 Ley Nac. 26331 DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, al no contemplar los efectos ACUMULATIVOS de los desmontes, pretendiendo atravesar, por ejemplo: Zonas de alto y mediano valor de conservación (Rojas y

Amarillas) de monte nativo, habiendo presentado un estudio parcial, en lugar de integral, de la obra.

4- INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 169 de la OIT SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES en países independientes ratificado por el estado Argentino por la ley N 24.071. No se realizó la consulta a las comunidades indígenas que habitaron y habitan nuestro territorio sosteniendo la memoria e identidad ancestral en nuestra provincia desde hace siglos.

5- GOBIERNOS MUNICIPALES. Los gobiernos locales se burlaron de las leyes de participación ciudadana otorgando permisos de usos de suelo y avales a espaldas de las poblaciones, motivo por lo cual están denunciados a la justicia, aún sin respuesta de ésta.

También, las ilegalidades se cometieron durante el proceso de Audiencias Públicas que se llevó a cabo de manera virtual a principios del año 2021.

- INCUMPLIMIENTO DEL Auto 49 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA del 07/04/21, que señalaba condiciones y presupuestos que debían garantizar la Participación Ciudadana, al no haber presentado el EIA en tiempo y forma, imponiendo así, el proyecto a tratar.

- INCUMPLIMIENTO DEL Art.29 Ley 10208, al aprobar el proyecto, sin fundamentar por qué se apartaron de la opinión mayoritaria (90%) de los asistentes a la Audiencia Pública.

- ILEGALIDAD DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA AMBIENTAL, del 12/07/21, sin haber revocado la Licencia anterior para el proyecto Pedemontana del 23/08/18. Es decir que el Proyecto anterior aún tiene la Licencia Ambiental coexistiendo con la actual.


Por estos motivos, solicitamos al Tribunal Supremo de Justicia que dicte la MEDIDA CAUTELAR hasta que se revoque la Licencia anterior y se realice un EIA Acumulativo, que prevea futuros desequilibrios ecológicos.

Asimismo, esta obra también traería aparejado el avance del ya desenfrenado desarrollismo inmobiliario con un crecimiento urbano desordenado y la consecuente pérdida de bosque nativo y falta de servicios que hoy ya son insuficientes.

Y denunciamos, como verdadero motivo de estas Autovías que, tanto Paravachasca, Punilla y la Ciudad de Córdoba se constituyen como rutas pretendidas por distintas grandes industrias (minera, agrícola, ganadera, etc.), y que se ha asignado a las futuras Variante Ruta 38 y la

Variante Ruta 5 la posibilidad de permitir la circulación de hasta 800.000 camiones anuales. Lo que explica la cantidad exorbitante de dinero público que se pretende destinar a estas obras viales (más de 200 millones de dólares para Punilla y otros 70 millones de dólares en Paravachasca).


Ambos proyectos de Autovías -variante Ruta 5 en Paravachasca y Variante Ruta 38 en Punilla no son para beneficio de las comunidades, ni para incentivar el turismo, ni para resolver el tránsito, sino que están diseñadas para el traslado a puerto del Pacífico del producto del extractivismo de nuestros recursos naturales, (a costa de nuestro presente y de las futuras generaciones) dejando a los habitantes de Córdoba y los territorios afectados el costo ambiental y una deuda externa que justificará aún más extractivismo.

En un contexto de crisis climática a nivel mundial y de crisis económica, ambiental a causa de los incendios y sanitaria a nivel nacional, es que manifestamos que el “progreso” real es aquél que respete las leyes, que piense y actúe de manera sustentable y que permita la continuidad de la

vida con propuestas superadoras.

Sabemos que hay alternativas reales a los problemas de tránsito en nuestros territorios y que no tienen que ver con estos proyectos destructivos, onerosos y generadores de deuda pública.

La solución vial se encuentra en los procesos participativos y de consulta de la ciudadanía y de las comunidades originarias.

Sin Procesos Participativos ninguna Licencia Ambiental tendrá Licencia Social.

Responsabilizamos al Gobernador Schiaretti, a la Secretaría de Ambiente, a la Empresa Camino de las Sierras y a los/las intendentes y jefes/as comunales de Punilla y de Paravachasca por haber violado las Leyes de Participación Ciudadana y por poner en riesgo el futuro económico cultural y ambiental de nuestros pueblos. Como también al Gobierno Nacional que avala y fomenta la política extractivista.

¡¡Esta licitación es ilegal! ¡¡Medida Cautelar YA!! ¡¡Autovía ilegal!!” cierra el documento.