Cámara de Apelaciones de Villa Dolores

Se llevó a cabo la audiencia de Apelación que busca absolver a los ambientalistas imputados de Punilla

En la jornada de ayer, en la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Villa Dolores, se llevó a cabo la audiencia donde los abogados de los imputados argumentaron el impedimento judicial que se les había impuesto para concretar la defensa de los derechos de sus representados, todos ellos integrantes de las protestas que se concretaron en Punilla por la construcción de la denominada Autovía de Montaña, y que, en su momento, tuvieran participación en un entredicho con el ex intendente de Cosquin Gabriel Musso.

Tal situación, de acuerdo con las expresiones de los demandados, se produjo el 13 de agosto de 2022, oportunidad en que se había realizado una convocatoria de las Asambleas de Punilla, en la Plaza San Martín de Cosquin, para organizar la prosecución de las actividades en defensa del ambiente, irrumpe en esa actividad el paso por el lugar del intendente Musso y su instalación en una confitería de las cercanías observando el encuentro, lo que fue interpretado como una “provocación”, a la que se reaccionó interpelándolo por su accionar respecto a la construcción de la autovía. Según las mismas fuentes, no se produjo ningún desmán ni daño alguno; sí la intervención policial que reprimió a los manifestantes e intento detenciones.    

Ese hecho fue investigado por la Fiscal de los Tribunales de Cosquin Paula Kelm, la que estableció responsabilidades e imputó por “amenazas”, “resistencia a la autoridad” y “daños”, tras lo cual el Juez de Control de la misma jurisdicción, Ramiro Núñez, el 28 de mayo último, resolvió la elevación a juicio contra Marco Enrique D’Angelo, Federico Ernesto Díaz, Alba Cristina Ortiz, Matías Marcelo Pérez, Marcela Alejandra Martín, Gabriela Taborda Varela y Cristian Mariano Viglietti.

Tal situación llevó a la inmediata presentación de un recurso de apelación, ante el mismo magistrado, que fue aceptado en el término de 48 hs., resolviendo que se llevara a cabo en los tribunales de Villa Dolores.

En cumplimiento de esa resolución, se llevó adelante la audiencia en la que el abogado Joaquín González, que patrocina a la Delegada de ATE en el Hospital Colonia Santa María de Punilla, Marcela Martín, planteó la falta de garantías procesales y reprochó que el Juez de Control le negó incorporar los testigos de su parte en todas las oportunidades. También se explayó argumentando la defensa de las víctimas de la judicialización de la protesta el abogado René Amsler que representa a Marco Enrique D’Angelo y Alba Cristina Ortiz.

El que ante la consulta de Ecos, definió que “el paso siguiente es esperar la resolución de la Cámara, para la que no tiene tiempos, pero es de esperar que lo haga en plazo razonable. Si decide por la absolución, tema terminado. Caso contrario el juicio se concretará en la Cámara de Cruz del Eje. Aunque puede existir una opción más, porque el colega planteó la nulidad de algunos pasos procesales, porque no le dieron la posibilidad de aportar determinadas pruebas, lo que podría llevar a que se remita de nuevo a la Fiscalía para que continúe con la investigación. Lo principal es el sobreseimiento de los procesados o la elevación a juicio”.

Agregó que en su criterio “las pruebas que se han aportado son vagas, pobres, poco serias. 18 policías, 6 empleados, los mozos del bar, todos coinciden en que no hubo ningún tipo de actitud amenazante. El único que lo dice es Gabriel Musso, que lo hace de manera muy indirecta, diciendo que en realidad no los veía, pero que la gente decía cosas. Es muy débil lo que hay como para continuarlo. Continuarlo sería seguir profundizando la carencia, la orfandad, probatoria que tienen”.  

Cabe acotar que hubo una destacada movilización de acompañamiento a los demandados compuesta por representantes del gremio CTA que tiene a tres imputados que son miembros de la Comisión Directiva de la CTA-A Punilla: Dos periodistas y un comunero indígena de la localidad de San Esteban, y ATE Córdoba que cuenta como imputada a una Delegada del Hospital Colonia Santa María. A los que se sumaron agrupaciones ambientalistas de Traslasierra, Punilla, y Paravachasca.

“En los estrados de los Tribunales de Villa Dolores se alzó la voz contra la criminalización de la protesta social en toda la provincia de Córdoba. Los reclamos que están judicializados tuvieron lugar por considerar urgente la defensa del derecho al ambiente sano y a la protesta constitucional para su defensa”, sostuvo el Secretario Gral. de la CTA–A Punilla Juan Yacobs.